WASHINGTON - Las redadas de inmigrantes no han sido suspendidas, aclaró el jueves el gobierno federal estadounidense. Pero reiteró que siguen bajo "revisión", de acuerdo con una orden dada por la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, tras la batida del 24 de febrero en Bellingham, estado de Washington, y que ella aseguró no haber sido informada por sus subalternos.
Reiteran moratoria
Si bien la "revisión" del programa de arrestos -creado bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009)- constituye un cambio en la polÃtica migratoria federal, organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes siguen insistiendo en que el gobierno debe detener las redadas por lo menos hasta que el Congreso debata y apruebe una nueva ley de inmigración, que entre otros elementos incluya una vÃa de legalización para millones de indocumentados.
De acuerdo con explicaciones dadas el jueves por el DHS a un panel de la Cámara de Representantes, el gobierno ha diseñado una estrategia para hacer de los empleadores el objetivo principal de las redadas en sitios de trabajo, pero advirtió que el cambio no constituye un esfuerzo para proporcionar una amnistÃa extraoficial, y recalcó que "se lidiará de forma apropiada" con los trabajadores indocumentados.
Según Marcy Forman, directora de la oficina de investigaciones de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), "la secretaria (de Seguridad Interna) está comprometida a perseguir a los empleadores que se involucren en actividades delictivas".
Señaló que las redadas de inmigración en lugares de trabajo no están siendo "suspendidas", sino "revisadas" para determinar si existe suficiente evidencia para procesar a los empleadores, dijo The Associated Press.
En el año fiscal 2008, el ICE deportó a casi 350 mil inmigrantes indocumentados, ejecutó más de 1,200 redadas en centros de trabajo y arrestó a unos 32 mil trabajadores sin permiso para laborar en Estados Unidos.
Agregó que a nivel nacional operaban más de 100 grupos especiales que rastrean unos 540 mil indocumentados con orden de deportación y que esperaba capturarlos en el curso de 2009.
Las advertencias fueron refutadas por organizaciones nacionales que favorecen los derechos de los indocumentados, quienes han pedido al presidente Barack Obama que presente cuanto antes un plan de reforma al Congreso y que frene las redadas hasta que el legislativo apruebe un cambio a las leyes de inmigración
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