El robo de identidad conlleva una condena mínima, obligatoria, de dos años de prisión
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Por MARK SHERMAN WASHINGTON (AP) _ Ignacio Carlos Flores, un mexicano indocumentado, tomó una decisión tan rara como inapropiada: Después de trabajar seis años bajo un nombre falso, decidió usar su nombre verdadero y consiguió documentos nuevos, pero falsos. El cambio llamó la atención a sus patrones, que llamaron a las autoridades. Los números de sus documentos viejos eran inventados, pero los nuevos correspondÃan a gente real. Los fiscales dijeron que eso era suficiente para acusarlo de robo de identidad, un delito mucho más grave que el de usar documentos falsos. La Corte Suprema escuchará el miércoles los argumentos de fiscales, que están apelando una ley nueva diseñada para combatir el robo de identidad. En al menos un centenar de casos ventilados el año pasado, personas indocumentadas acusadas de violaciones a las leyes de inmigración debieron responder al cargo de robo de identidad, pese a que no habÃa nada que indicase que estaban al tanto de que los números empleados en sus documentos no habÃan sido inventados, sino que pertenecÃan a los de personas reales. El robo de identidad conlleva una condena mÃnima, obligatoria, de dos años de prisión. El gobierno estadounidense está recurriendo a ese cargo para convencer a las personas de que se declaren culpables de acusaciones menores y acepten una deportación pronta. Muchas de las personas acusadas de ese delito fueron detenidas durante redadas en sitios de trabajo. Los jueces deberán responder a un interrogante: ¿Es relevante el que una persona sepa o no que las identificaciones falsas que usa pertenecen a alguien? El gobierno y las agrupaciones que defienden los derechos de las vÃctimas de estos robos dicen que no. ``Los trastornos que sufre la vida de la vÃctima son los mismos'', afirmó el abogado de Los Angeles Stephen Masterson en un informe preparado para las vÃctimas. En el otro extremo, Flores y más de 20 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, abogados y expertos en temas de privacidad aducen que la ley aprobada por el Congreso en 2004 apuntaba a los casos en los que alguien consigue acceso a información privada de las personas para retirar dinero de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. |
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