RENO (AP)—La nueva ley que entró en vigor en Agosto del año pasado que impone multas a los negocios que emplean a trabajadores sin documentos, no puede ser aplicada, anunció la oficina del Fiscal General de Nevada.

Karen Dickerson, Fiscal Asistente, dijo que la ley AB383, —que la Fiscal General Catherine Cortez Masto promovió durante la legislatura del 2007— es precedida por las leyes federales de inmigración.

La ley AB383 se enfoca principalmente en combatir el tráfico humano de inmigrantes, e incluye una provisión para el Departamento de Impuestos, para que multen a los empleadores si el gobierno federal prueba que contrataron con conocimiento a trabajadores sin documentos.

En respuesta a la investigación de Septiembre del año pasado con el Departamento de Impuestos, Dickerson dijo que las leyes de inmigración federales “expresamente preceden a las leyes estatales o locales que imponen sanciones criminales o civiles a los empleadores quienes contratan a indocumentados”.

El director del Departamento de Impuestos, Dino DiCianno, dijo que eso significa que así como está escrita la AB383 no puede ejecutarse, aunque él continuará dándole seguimiento a las quejas sobre contratación de trabajadores indocumentados y enviándolas a la oficina del Fiscal General de Nevada.

Durante la sesión de la legislación en el 2007, Cortez Masto le dijo a los legisladores que los problemas de tráfico humano estaban invadiendo Nevada y que esta medida podría hacer que los “coyotes” fueran acusados de traficar con carga humana y con cargos criminales.

Entre los críticos de esta medida en aquel entonces se incluye a la Unión de Libertades Civiles de Nevada. Lee Rowland, abogada del ACLU dijo que se sentía “complacida que la Fiscal General Cortez Masto haya hecho lo correcto y anunciado que esta ley no se puede aplicar en el estado”.

“Creemos que esta es una mala ley y una mala regulación, dijo Rowland. “Fundamentalmente, este tipo de ley puede promover que se discrimine cuando se contrata a un empleado y cuando el empleado está ejerciendo, además tiene serias consecuencias bajo la Enmienda 14 de la Constitución”, que requiere que los estados provean con igual protección a cualquiera persona dentro de la jurisdicción.



Entre otros críticos se incluye a Fernando Romero, quien encabeza al grupo Hispanos en Política, en Las Vegas, quien les dijo a los legisladores durante la sesión del 2007 que la ley podría violar los ...