Obligó a Hazleton dar pie atrás

Millones de indocumentados en Estados Unidos respiraron un poco más tranquilos el jueves tras el fallo de un juez federal que declaró inconstitucional una ley aprobada por el Concejo Municipal de Hazleton, Pensilvania, que entre otras medidas prohibía a propietarios alquilar residencias a extranjeros sin papeles de estadía en el país.

Expertos citados por agencias de prensa dijeron que el fallo sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.

En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton (Pensilvania), el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en 2006, que además sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

El juez emitió la decisión en el caso "Lozano v. Hazleton", tras una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de grupos hispanos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados anónimos, para frenar la llamada "Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal".

Munley explicó que pese a las modificaciones realizadas, la ley viola la Constitución estadounidense, que ampara incluso a los extranjeros.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.



La ley de Barletta

La ordenanza municipal de Hazleton fue aprobada el verano anterior en respuesta, según sus autores -entre ellos el alcalde Lou Barletta- al crecimiento en el nivel de crímenes violentos, en algunos de los cuales estuvieron involucrados inmigrantes indocumentados.

Kris Kobach, el fiscal del ayuntamiento y profesor de leyes en la Universidad de Misurí, había indicado que "estas ordenanzas fueron redactadas con mucho detalle", y agregó que "las violaciones a la constitución son imaginarias".

Pero Witold J. Walczak, director legal de la ACLU de Pensilvania, mencionó en uno de sus argumentos ante las cortes del estado que Hazleton había volteado los hechos para poder "satanizar a los indocumentados y convertirlos en sus ...